En Tzimol están ocurriendo acontecimientos que llaman la atención incluso fuera de ese municipio, debido a que el alcalde está transgrediendo la ley y el orden.
Bueno, no sólo él, también sus colaboradores, pero los protege y, por ende, es cómplice de ellos.
Aquí cabe preguntar hasta dónde alcanza la inmunidad que le concede el tener un cargo de elección popular, porque el alcalde ha incurrido en delitos graves que alcanzan cárcel.
Y también sus colaboradores.
Me refiero al hecho de conducir en estado de ebriedad y, además, provocar accidentes.
Desde la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía manejar ebrio y dar un banquetazo es delito que no alcanza fianza, su penalidad es mayor a los 5 años de cárcel.
En el caso de los dos accidentes de los que tenemos conocimiento y se ha denunciado públicamente hay responsables señalados con nombres, apellidos y cargos.
Pero en los dos casos también ha habido complicidades de personas que colaboran en el ayuntamiento o le son cercanos. También se han señalado los nombres y apellidos de los cómplices.
¿No debiera perseguirse esos delitos graves?
¿No debiera investigarse a los cómplices para que den información del estado en que encontraron a los involucrados en los dos accidentes?
¿Por qué sigue fomentándose la cultura de la impunidad a quienes están en el poder?
Miguel Ángel Morales Vives no debiera seguir despachando en la presidencia municipal de Tzimol, debiera estar purgando su pena de 6 años de prisión, por conducir en estado de ebriedad y poner en peligro a terceros que ni la deben ni la temen.
¿Quién podrá ayudarnos?
Porque en cualquier momento un ciudadano comiteco, tzimolense o de cualquier otro municipio podría ser víctima de la falta de precaución del borracho alcalde.
Y eso no se vale.
Que el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de la región fronteriza haga algo al respecto, lo convoco a tomar cartas en el asunto, que exija una investigación exhaustiva en ese cargo, no por ganas de molestar al edil, sino para proteger a los ciudadanos de la región fronteriza.
Factualmente, Morales Vives es un delincuente.
Bueno, no sólo él, también sus colaboradores, pero los protege y, por ende, es cómplice de ellos.
Aquí cabe preguntar hasta dónde alcanza la inmunidad que le concede el tener un cargo de elección popular, porque el alcalde ha incurrido en delitos graves que alcanzan cárcel.
Y también sus colaboradores.
Me refiero al hecho de conducir en estado de ebriedad y, además, provocar accidentes.
Desde la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía manejar ebrio y dar un banquetazo es delito que no alcanza fianza, su penalidad es mayor a los 5 años de cárcel.
En el caso de los dos accidentes de los que tenemos conocimiento y se ha denunciado públicamente hay responsables señalados con nombres, apellidos y cargos.
Pero en los dos casos también ha habido complicidades de personas que colaboran en el ayuntamiento o le son cercanos. También se han señalado los nombres y apellidos de los cómplices.
¿No debiera perseguirse esos delitos graves?
¿No debiera investigarse a los cómplices para que den información del estado en que encontraron a los involucrados en los dos accidentes?
¿Por qué sigue fomentándose la cultura de la impunidad a quienes están en el poder?
Miguel Ángel Morales Vives no debiera seguir despachando en la presidencia municipal de Tzimol, debiera estar purgando su pena de 6 años de prisión, por conducir en estado de ebriedad y poner en peligro a terceros que ni la deben ni la temen.
¿Quién podrá ayudarnos?
Porque en cualquier momento un ciudadano comiteco, tzimolense o de cualquier otro municipio podría ser víctima de la falta de precaución del borracho alcalde.
Y eso no se vale.
Que el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de la región fronteriza haga algo al respecto, lo convoco a tomar cartas en el asunto, que exija una investigación exhaustiva en ese cargo, no por ganas de molestar al edil, sino para proteger a los ciudadanos de la región fronteriza.
Factualmente, Morales Vives es un delincuente.
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